Querétaro, Qro. Con la finalidad de que estados y municipios cuenten con las provisiones para el pago de prestaciones con motivo de la terminación laboral de servidores públicos, el Senador Juan José Jiménez presentó una iniciativa para que se reforme el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
El Senador por Querétaro explicó que el objetivo de esta iniciativa de ley es que los presupuestos de egresos de los estados y municipios de cada año, contengan prevenciones para el pago de las terminaciones laborales, “con esta reforma quedaría prohibido que las administraciones salientes dejen pasivos por terminaciones laborales a las administraciones entrantes, reduciendo juicios en materia laboral que al momento de su resolución implican una mayor carga presupuestaria para los estados y municipios entrantes, por los llamados, salarios caídos” señaló el legislador.
Juan José Jiménez comentó que, con la aprobación de esta reforma, las cantidades que deben ser cubiertas por concepto de liquidación en caso de despido injustificado, se encontrarían contempladas en los presupuestos de egresos de estados y municipios, con base en las leyes laborales; de suerte tal que, al momento de un despido, las autoridades pueden hacer el cálculo correspondiente a fin de liquidar a los trabajadores conforme a la Ley y sobre todo respetando sus derechos.
Jiménez Yáñez dijo que el gobierno federal es un referente en este tema ya que, “como parte de una política de austeridad que promueve el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, ha quedado establecido en los presupuestos de egresos de la federación, para 2019 y 2020 una partida para cumplir con las liquidaciones por despidos, con ello no se dañan las finanzas públicas y se cumple con los derechos laborales de los trabajadores” externó.
Finalmente lamentó que en Querétaro en 2015, se tramitaron más de 600 demandas por despidos injustificados al inicio de la administración de Francisco Domínguez, lo que implicó una sobresaturación de los asuntos tramitados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, generando con ello un gasto no presupuestado para la autoridad estatal y sobre todo un desgaste a las y los servidores públicos que no tienen por qué estar esperando largos periodos de tiempo para que se les cumpla con lo que la ley dicta.
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